La Diputación de Granada ha pedido a la Junta de Andalucía que ceda las plazas vacantes en residencias como la Rodríguez Penalva de Huéscar para poder afrontar las peticiones de ayuda de las personas dependientes y mayores en riesgo de exclusión social que acuden a la Institución Provincial. De las 97 plazas concertadas que existen en la residencia Rodríguez Penalva de Huéscar, 22 están vacantes hoy sin que el Gobierno andaluz las cubra, siendo una cantidad que ha ido en aumento en los últimos meses. Así lo ha explicado hoy en rueda de prensa la diputada delegada de Centros Sociales y Nuevas Tecnologías, Rosa Fuentes, que ha comparecido en rueda de prensa conjunta con la diputada delegada de Familia y Bienestar Social, Marta Nievas, para informar acerca de los “recortes encubiertos” de la Junta de Andalucía en materia social en la provincia.
En el Centro Psicopedagógico Reina Sofía ya hay también 3 vacantes que no han sido cubiertas por la Junta de Andalucía. Según datos recabados por los servicios técnicos de la delegación de Centros Sociales, existen plazas en la misma situación en residencias de Loja (5 en La Misericordia, 5 en Santa Clara, 17 en la residencia Sierra de Loja), Huéscar (16 en la San Jaime), Gor (14), Gualchos (17), Laroles (5), Algarinejo (16) y Alhama (3). “A lo largo de toda la geografía de la provincia estamos detectando que no se están cubriendo esas plazas concertadas”, ha reseñado la diputada delegada de Centros Sociales y Nuevas Tecnologías, Rosa Fuentes. En paralelo, el programa Respiro Familiar también está paralizado desde septiembre.
“Instamos a la Junta a que, si no va a cubrir esas plazas de Respiro Familiar y las plazas concertadas que nos tiene bloqueadas, nos deje que dispongamos de ellas”, ha exigido la diputada de Centros Sociales y Nuevas Tecnologías para que la Diputación “pueda disponer libremente de esas plazas” y dar atención a “todas las peticiones que tenemos de emergencia social”.
“Si no se cubren esas plazas se están destruyendo puestos de trabajo”, ha manifestado Rosa Fuentes como diputada delegada de Centros Sociales que ha hecho hincapié en que “estas residencias suponen una generación de empleo en unas comarcas muy deprimidas” como pueden ser la de Huéscar o el Poniente donde la labor asistencial a mayores y dependientes es vital. Por todo ello, la política social de la Junta de Andalucía “es un ejemplo de mala gestión de los recursos públicos” pues “dota sobre el papel de presupuesto a estas residencias pero no cubre las plazas” con la correspondiente repercusión socioeconómica.
Todo ello se produce en un contexto en el que, según ha informado la diputada delegada de Familia y Bienestar Social, Marta Nievas, la Junta de Andalucía tiene “apilados sin resolver” los expedientes de 6.000 dependientes de la provincia, estando mil de ellos a la espera de la resolución de sus Programas Individuales de Atención (PIAs). “La Junta de Andalucía permanece impasible, no hace absolutamente nada para resolver esta situación”, ha señalado la diputada de Familia y Bienestar Social que ha explicado que esto termina afectando a la Diputación como “administración intermediaria” que es “puerta de entrada” a las demandas de estos usuarios a través de sus centros de Servicios Sociales Comunitarios.
“No podemos entender cómo hay recursos públicos que la Junta de Andalucía no está utilizando” pues “en las residencias hay plazas vacías y en la provincia hay mayores que necesitan esas plazas, pero la falta de compromiso de la Junta hace que no se hagan estos informes”, ha indicado Marta Nievas.
“No se está cumpliendo la ley de dependencia en Andalucía porque la Junta tiene paralizados los expedientes”, ha afirmado Nievas para quien “nuestra obligación desde la Diputación Provincial es exponer que no estamos de acuerdo con esta manera de trabajar y que hay que comprometerse con los más vulnerables de la provincia, con los mayores y los dependientes” desde un “compromiso real y no de palabra”.
Marta Nievas ha informado, en este sentido, que la deuda de la administración autonómica con la Diputación Provincial en materia de ayuda a domicilio asciende ya a 17 millones de euros. “La Junta no paga desde el 15 de diciembre de 2012 la ayuda a domicilio”, ha destacado Nievas que ha enfatizado que “el servicio se está prestando, la Junta de Andalucía no pone el dinero, y esto lo está sufriendo la Diputación y los ayuntamientos” que “en muchos casos están adelantando el dinero para que puedan cobrar” las empresas y trabajadoras que cuidan de los mayores y los dependientes.
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